Bolivia: Impusieron estado plurinacional con crímenes y lo defienden con miedo
Carlos Sánchez Berzaín entrevistado en ASCONTENIDOS: La Constitución de 1967, reformada en 1994, se protegió con un sistema rígido precisamente para impedir que cada gobierno o cada ruptura institucional reescribiera las reglas a su medida. Solo cabía la reforma parcial: una ley de necesidad en un período constitucional y su aprobación o rechazo en el siguiente.
A partir del 17 de octubre de 2003, con la caída forzada de un gobierno constitucional, se impuso una agenda que proclamó la asamblea constituyente —reforma total vedada por la Carta Magna— y se avanzó con leyes de procedencia irregular, pactos que debieron frenar el desvío y textos que no salieron de aquella asamblea, sino de un Congreso ordinario y de asesores externos. El crimen no genera derecho. Quienes usurpan funciones que no les competen producen actos nulos, y esa nulidad está escrita en la propia Constitución de la República.
Ese orden impuesto concentró el poder, debilitó la descentralización municipal y las autonomías, alteró la igualdad del voto, erosionó la seguridad jurídica y la propiedad, y sirvió de andamiaje a un Estado autoritario que terminó por asentar impunidad, persecución y un país más pobre. Las masacres, las detenciones arbitrarias y la sustitución de instituciones independientes por órganos al servicio del proyecto político no pueden fundar un régimen válido.
Hoy casi nadie defiende ya esa Constitución plurinacional: se habla de decenas de reformas o de otra constituyente porque no sostiene libertades ni desarrollo. Mientras tanto, una generación que no vivió aquellos años ha crecido creyendo que esa es la normalidad.
Restituir el Estado de derecho no es un capricho nostálgico ni una amenaza de caos mayor que el que ya padecemos. Es aplicar la ley: que las autoridades dejen de “meter nomás”, pierdan el miedo al chantaje de la confrontación y declaren lo que la Constitución de la República ya declara nulo. Sin ese piso no habrá inversión seria, ni justicia creíble, ni salida durable a la crisis económica, social y moral. El pueblo necesita la verdad histórica, no una narrativa fabricada. Solo así las nuevas generaciones podrán decidir con conocimiento y no con el relato de quienes se apropiaron del país mediante la fuerza y la falsificación.
