La crisis a la que Evo llevó a Bolivia usada como causa de golpe de Estado
Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Eduardo Feinmann: Bolivia atraviesa una de las crisis institucionales más profundas de su historia reciente, y los datos de una encuesta postelectoral encargada por el Interamerican Institute for Democracy reflejan con crudeza el estado de ánimo nacional. Más del 60% de los bolivianos considera que el país va por mal camino, mientras la economía y la caída de los ingresos aparecen como las principales preocupaciones sociales. Pero el dato más alarmante no es económico: es moral e institucional. La inmensa mayoría percibe que la impunidad domina el país y que la justicia prácticamente ha desaparecido. La desconfianza hacia la policía, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo y la Asamblea Legislativa revela el colapso de la credibilidad del Estado.
Sin embargo, en medio de esa descomposición institucional emerge una señal política significativa: Bolivia no se encuentra fracturada por regionalismos ni por disputas identitarias irreconciliables. Por el contrario, la mayoría de los ciudadanos mantiene un fuerte sentimiento de pertenencia nacional y expresa su deseo de unidad. El pueblo boliviano parece reclamar el rescate de la República, el fortalecimiento de las instituciones y la reconstrucción de un Estado capaz de devolver estabilidad, legalidad y futuro. Esa aspiración colectiva demuestra que, pese al desgaste político de las últimas décadas, todavía subsiste una reserva democrática en la sociedad.
El análisis de esta crisis apunta directamente al modelo instaurado desde la llegada de Evo Morales al poder. El reemplazo de la República por el Estado Plurinacional significó el inicio de un proceso de concentración de poder, debilitamiento institucional y deterioro económico que terminó derivando en un sistema autoritario y penetrado por el narcotráfico. La caída de las reservas, el colapso del sector gasífero, la dependencia energética y la destrucción del estado de derecho son consecuencias directas de más de veinte años de control político sostenido primero por Morales y luego por Luis Arce Catacora. Bolivia, que alguna vez fue una potencia gasífera regional, hoy enfrenta una crisis económica y estatal de enormes proporciones.
La llegada de Rodrigo Paz despertó expectativas de cambio, pero seis meses después la incertidumbre comienza a reemplazar la esperanza. El principal problema es que el nuevo gobierno ha asumido la administración del Estado sin controlar realmente las estructuras de poder que permanecen intactas desde la dictadura de Evo Morales. En ese escenario, la confrontación central ya no es ideológica, sino entre la nación boliviana y las redes de corrupción, violencia y crimen organizado que aún conservan influencia institucional. La demanda social es clara: restaurar la democracia, garantizar la independencia de poderes y reconstruir el estado de derecho antes de que la crisis termine devorando definitivamente la estabilidad del país.
