Carlos Sanchez Berzain Abogado | Estadista | Político | Politólogo
Los diputados del Movimiento al Socialismo (MAS), integrantes de la Comisión de Constitución, resolvieron ayer iniciar cuatro querellas contra ocho autoridades del Poder Judicial, en algunos casos por los hechos violentos de Pando y en otros por los delitos de nepotismo, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, entre otros.
Los parlamentarios oficialistas aprobaron ayer todos estos procesos, sin la presencia de la oposición, que abandonó la sesión de la comisión mencionada.
La primera denuncia es contra los consejeros de la Judicatura, José Luis Dabdoub y David Chávez, por absolver a un juez que supuestamente falsificó firmas, según denunció el ciudadano Luis Auzzá Macías.
La comisión aprobó elevar al pleno de la Cámara Baja una proposición acusatoria. Es decir, se recomendó que dicha instancia se pronuncie en favor del enjuiciamiento de las dos autoridades. Sin embargo, según la diputada de Podemos, Lourdes Millares, “no hay suficientes elementos de prueba que justifiquen la apertura del proceso”.
El segundo caso se trata de tres denuncias contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia José Luis Baptista y Ángel Irusta; contra el fiscal general de la República, Mario Uribe; y contra el consejero de la Judicatura, Rodolfo Mérida.
Las tres autoridades judiciales están acusadas “por el delito de uso indebido de influencias” por el proceso contra Leopoldo Fernández por los muertos en Pando, señaló Salguero, añadió que los familiares de las víctimas interpusieron la denuncia y que la documentación será remitida al Comité del Ministerio Público de la Cámara de Diputados.
La tercera denuncia es contra el Fiscal General por los delitos de uso indebido de influencias, prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y a las leyes e incumplimiento de deberes.
El recurso legal fue interpuesto por la viceministra de Transparencia y Anticorrupción, Nardy Suxo, “por el caso de nepotismo cometido por el prefecto de Beni, Ernesto Suárez, al haber asignado a su esposa como directora de la gestión social de la prefectura”, dijo la diputada del MAS.
Explicó que Uribe rechazó la denuncia de Suxo aun con la presentación de las pruebas de nepotismo de Suárez. La denuncia será remitida al Comité del Ministerio Público de la comisión.
La cuarta fue aprobada por los diputados del MAS y es contra todos los magistrados de la Suprema, “en especial contra Roberto Suárez y Teófilo Tarquino” por los delitos de uso indebido de influencias, prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes, porque los ciudadanos César y Ximena Villarroel los denunciaron por retardación de justicia, luego de que su empresa quebró por la tardanza de un proceso judicial que ambos llevaban adelante.
Millares afirmó que el comité del Ministerio Público, luego de que reciba las denuncias de manera oficial, tendrá que llevar adelante una investigación. Remarcó que todas las denuncias son preocupantes porque se está ingresando “a una suerte de terrorismo político judicial” de parte del Gobierno.
Mientras Millares dijo que se aprobaron con un quórum estrecho, la diputada Salguero aseveró que los opositores decidieron retirarse de la sesión.