Bolivia: La guerra del gas para dejar a Bolivia sin gas
Carlos Sánchez Berzaín entrevistado en Eju.tv: Bolivia sigue cautiva desde el golpe de Estado del 17 de octubre de 2003. Al día siguiente, en El Alto, Carlos Mesa, Evo Morales, Felipe Quispe y los golpistas fijaron la Agenda de Octubre: el índice para desarmar la República. El primer punto, la constituyente, estaba vedado por la Constitución, que solo admitía reforma parcial; se impuso con falsificaciones y masacres —El Porvenir, La Calancha, Cochabamba, el Hotel Las Américas— y con persecuciones y casos fraguados de terrorismo centrados en Santa Cruz. El segundo, la llamada nacionalización, no nacionalizó nada: los hidrocarburos siempre fueron bolivianos. Anularon contratos de exploración, concentraron todo en la explotación, se comieron los huevos y mataron la gallina. El pico de ingresos, atado a los precios internacionales, dejó al país sin gas. La “guerra del gas” que derrocó a Sánchez de Lozada sirvió, al cabo, para quedarnos sin gas.
El tercer punto fue el cultivo libre de coca. El MAS encarna a las seis federaciones del Chapare y el trópico de Cochabamba, productores a la vez de coca y de cocaína, que persiguieron y desarticularon a los cocaleros legales de los Yungas. Sobre esa base se construyó un narcoestado que tomó la política, sustituyó la República por una Constitución del Estado Plurinacional —copia de los textos de Cuba y Venezuela, redactada por abogados españoles pagados por Chávez y Castro— y nos dijo que éramos 36 naciones en vez de una. El pluricultural se falsificó en plurinacional para enfrentarnos: oriente contra occidente, cambas contra collas, viejos contra jóvenes, y un indigenismo que ha reinstalado el racismo. Controlaron las instituciones desde la ley uno y el decreto uno, liquidaron la Ley 1008 y blindaron el poder judicial, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura y el órgano electoral. Fiscales convertidos en acusadores que fabrican pruebas y jueces en verdugos: el 78 % de los bolivianos repudia un sistema de justicia que considera corrupto.
El gobierno de Rodrigo Paz atiende síntomas mientras la causa permanece intacta. Suspender al fiscal general es la punta del iceberg: la estructura, las leyes de la dictadura y el blindaje constitucional siguen en pie. La crisis económica nace de la desconfianza, la incertidumbre y la prohibición misma de la inversión externa. No hay soberanía plena mientras subsistan enclaves. Un balde de agua no apaga el incendio: hay que declarar nula la Constitución plurinacional —fruto de usurpación y de actos nulos según el artículo 31 de la Constitución de la República— y desarmar la estructura del narcoestado.
