Fin la impunidad de autores de la crisis de Bolivia, los golpistas de 2003
Carlos Sánchez Berzaóin entrevistado por Roy Moroni y Virginio Lema, en «El Búnker»: Bolivia vive hoy una crisis que no admite eufemismos: sin dólares, sin combustibles, sin gas, sin reservas y convertida en un narcoestado donde el sicariato, la corrupción y la impunidad son rutina. Nadie confía en las autoridades ni en la justicia; el racismo ha sido reinstalado y las regiones se enfrentan. Estamos atrapados en una Constitución que nos fragmenta en 36 naciones cuando somos una sola nación boliviana, mestiza y pluricultural. La pregunta inevitable es por qué llegamos a este punto en 2026 y por qué no vislumbramos salida.
La respuesta está en el golpe del 17 de octubre de 2003. Con el pretexto de la “guerra del gas” derrocaron a un gobierno constitucional e impusieron la Agenda de Octubre: asamblea constituyente, “nacionalización” del gas, libre cultivo de coca y persecución de quienes defendieron la democracia. Cumplieron cada punto. Amnistiaron a los violentos y procesaron solo a quienes protegieron al Estado. Falsificaron la reforma constitucional, perpetraron masacres, redactaron un texto ajeno a la Constituyente y lo impusieron. Liquidaron la industria gasífera al romper contratos de exploración y acelerar la explotación. Abrogaron la Ley 1008, persiguieron a los cocaleros legales y convirtieron el Chapare en territorio al margen de la ley. El resultado es el país que tenemos.
Recientemente tribunales han declarado nulo el juicio de responsabilidades contra Carlos Sánchez Berzaín porque ese juicio violaba la igualdad jurídica, presunción de inocencia y debido proceso. Por eso ahora se exige una investigación integral de septiembre y octubre de 2003 que incluya a todos: no solo a quienes resistieron el golpe, sino a Carlos Mesa, Evo Morales y quienes se beneficiaron, lo encubrieron y construyeron la narrativa falsa. No creemos en la justicia actual —la segunda institución con menor confianza del país—, pero le damos a la Fiscalía la oportunidad de aplicar el Pacto de San José. Si no lo hace, acudiremos a instancias internacionales. La impunidad de los golpistas y de quienes construyeron el narcoestado no puede continuar.
La dictadura no se fue con un cambio de nombres. Sigue vigente porque no se respetan los elementos esenciales de la democracia: hay presos políticos y exiliados, no hay separación de poderes, no hay sufragio universal real y las leyes están diseñadas para el delito y la impunidad. Para salir hay que hacer tres cosas: anular las normas de la dictadura y restituir la Constitución de la República; terminar con la impunidad; y sacar de la política a la delincuencia organizada que se disfraza de partido.
El presidente Paz tomó el gobierno, no el poder. Si persiste en el continuismo, el pantano lo absorberá. Tenemos a favor un cambio geopolítico internacional contra el narcoterrorismo. Debemos aprovecharlo para devolverle a Bolivia seguridad, democracia y la posibilidad de superar una pobreza que pasó del 20 % al 62 %. La verdad, por fin, debe imponerse.
