Cuando la delincuencia toma el poder la crisis es inevitable.

Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Hernán Alcázar en «Economía y empresa»: En el año 2003 Bolivia era la primera potencia gasífera de la región, dueños del mercado argentino y brasileño, con proyectos avanzados hacia Estados Unidos, apenas 3.000 hectáreas de coca ilegal, 42 toneladas de oro en el Banco Central y pobreza en descenso cerca del 20 %. La capitalización de los noventa había inyectado más de 5.000 millones de dólares en inversión y tecnología.

Hoy, proyectados como el único país que decrecerá en 2026 y 2028, nos quedamos sin gas —lo importaremos pronto—, la coca ilegal supera las 70.000 hectáreas y ha desplazado la economía formal, y la pobreza alcanza el 62 %, con casi un tercio de los bolivianos sin saber si comerán al día siguiente.

Esa caída no es un accidente económico: es el resultado de la imposición, desde el golpe de Estado del 17 de octubre de 2003, del proyecto del socialismo del siglo XXI, expansión de las dictaduras cubana y venezolana que convirtieron al país en narcoestado plurinacional. La llamada “guerra del gas” dejó a Bolivia sin gas; se priorizó la explotación acelerada sobre la exploración y se mató la gallina de los huevos de oro. La Constitución del Estado Plurinacional, impuesta con violencia, fraude y persecución, nació nula: prohíbe la inversión real, concentra el poder en un aparato de impunidad y justicia corrompida, y sustituye la unidad nacional por la confrontación. El poder real sigue en esa estructura, no en quien ocupa la presidencia.

No hay inversión ni salida posible mientras no se recupere la República, se declare la nulidad de la constitución pluri y se restituyan los elementos esenciales de la democracia. Hay que acabar con la impunidad que hace del éxito el producto de la corrupción o el crimen, y devolver a los bolivianos la certeza de que se progresa con trabajo, estudio y honestidad. Solo así se detiene la crisis estructural, social, política y moral que nos consume.