La llamada “guerra del gas” fue “para dejar a Bolivia sin gas” y acabar la democracia
La llamada “guerra del gas» para dejar a Bolivia sin gas y acabar la democracia. Carlos Sánchez Berzaín entrevistado en «Punto Digital», Bolivia: La crisis actual de Bolivia tiene origen el en golpe de estado del 17 de octubre de 2003.
Bolivia no está en crisis por azar, la pregunta que recorre el país —por qué no hay gas, ni gasolina, ni diésel, ni dólares; por qué la pobreza pasó de alrededor del 20 por ciento a un 62 por ciento certificado, con casi un tercio de la población saliendo cada día a buscar comida; por qué hay presos políticos, más de 27 mil exiliados y un narcoestado que crece a la vista de todos— tiene fecha y nombre: el 17 de octubre de 2003. Ese día se forzó la renuncia del presidente constitucional, se fabricó el relato de la “guerra del gas” y se abrió la puerta a una agenda que no buscaba salvar la nación, sino refundarla a costa de ella.
La Agenda de Octubre se cumplió punto por punto. Se falsificó la reforma constitucional para imponer una Asamblea Constituyente que la Carta Magna vigente prohibía en su forma total; se cambió la Constitución con leyes posteriores, masacres y textos que no salieron de los constituyentes. Se “nacionalizó” lo que ya era boliviano, se liquidaron los contratos de exploración y se aceleró la explotación hasta matar la gallina de los huevos de oro: por eso hoy importamos lo que antes exportábamos. Se persiguió a los cocaleros legales de los Yungas, se desmanteló la Ley 1008 y se instaló un régimen de cultivo libre que multiplicó las hectáreas ilegales y convirtió el trópico de Cochabamba en un territorio sin soberanía. Y se amnistió a bloqueadores, violentos y golpistas mientras se enjuiciaba solo a quienes defendieron el orden constitucional, rompiendo la igualdad jurídica, el debido proceso y la investigación integral.
Veintitrés años después el resultado está a la vista: un Estado Plurinacional que fragmentó la nación en 36 identidades inventadas, una justicia repudiada por casi el 80 por ciento de la gente, inseguridad cotidiana y una economía que ya no sostiene ni el combustible ni la moneda
El fallo de Cochabamba que declara nulo el juicio de responsabilidades no es un favor personal ni un trámite menor: es el reconocimiento de que aquel proceso nació muerto porque investigó solo a una parte y convirtió a la otra en víctima. Esa nulidad abre, por primera vez en más de dos décadas, la posibilidad de una investigación verdadera.
No hay solución si se siguen atendiendo síntomas y se deja intacta la causa. Hay que investigar a todos los que participaron en el derrocamiento —empezando por quien dio el “paso al costado” y firmó la amnistía—, anular el andamiaje constitucional nacido de la violencia y la falsificación, y recuperar la República y la nación boliviana única, pluricultural, no plurinacional. El mandato popular es cambio, no continuidad disfrazada. Quien ocupa hoy el Palacio todavía puede firmar el decreto que devuelva vigencia a la ley y termine con el terrorismo de Estado. El país no soporta otro ciclo de saqueo e impunidad.
