Para salir de la crisis económica Bolivia debe terminar la dictadura narcoestado
Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Douglas Romay: A seis meses de la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia del denominado Estado Plurinacional, el país continúa atrapado en una estructura de poder edificada durante más de dos décadas bajo la influencia del llamado socialismo del siglo 21. La Constitución implantada en 2008 reemplazó el sistema republicano mediante violencia política, persecución judicial y una profunda reconfiguración institucional que subordinó la justicia, los organismos electorales y el aparato estatal al proyecto político del MAS y de Evo Morales. Bolivia dejó de ser una democracia funcional para convertirse en un régimen sostenido por redes de control político y mecanismos de impunidad.
Bolivia es un país sin independencia de poderes, con presos y exiliados políticos, y con un deterioro sistemático del Estado de derecho. La desigualdad jurídica, la manipulación electoral y la persecución de opositores destruyeron los elementos esenciales de la democracia definidos por la Carta Democrática Interamericana. A ello se suma una severa crisis económica y social por la destrucción del aparato productivo y al avance de estructuras ligadas al narcotráfico. El Chapare se transformó en el principal bastión político y operativo de Evo Morales, mientras el Estado perdió capacidad de control frente a organizaciones criminales y actores externos con influencia regional.
Dentro de ese escenario, el gobierno de Rodrigo Paz vive una administración frágil, ha logrado ocupar el Ejecutivo sin conquistar el verdadero poder político. El aparato judicial, las calles movilizadas por organizaciones afines al MAS y los resortes territoriales del MAS siguen bajo influencia del sistema construido por Evo Morales. De allí surge la advertencia central: la crisis boliviana no se resolverá únicamente con medidas económicas, sino con una transformación institucional profunda orientada a desmontar el modelo plurinacional, restaurar la República y recuperar el Estado de derecho. La confrontación, en consecuencia, no es una disputa entre partidos, sino entre democracia y crimen organizado.
El presidente boliviano enfrenta una disyuntiva histórica: limitarse a administrar un sistema heredado o asumir el costo político de desmontarlo. Para ello, debe declarar la nulidad de la Constitución del Estado Plurinacional, restituir el orden republicano y enfrentar judicialmente a quienes consideran responsables del narcotráfico, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Evo Morales y el MAS no están luchando únicamente por regresar al gobierno, sino por preservar un esquema de poder e impunidad construido durante 23 años. Mientras tanto, Bolivia permanece sumida en la incertidumbre, con una sociedad que pasó de la esperanza tras las elecciones de 2025 a la angustia por la falta de una estrategia capaz de resolver la crisis de fondo.
