Bolivia: narcoestado plurinacional para proteger el crimen

Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Andrés Rojas: La escena política boliviana revela una fractura esencial entre gobierno y poder. Aunque el presidente Rodrigo Paz ha asumido la conducción formal del Estado, el control real permanece anclado en una estructura diseñada en la Constitución castrochavista del Estado Plurinacional de 2008, que no solo redefinió el orden institucional, sino que lo hizo mediante episodios de violencia, manipulación legal y sustitución de las bases republicanas. El resultado es un sistema donde la autoridad electa gobierna, pero no decide.

A seis meses del inicio de la nueva gestión, la persistencia de ese “suprapoder” se manifiesta en la capacidad de presión de actores vinculados a Evo Morales y al trópico de Cochabamba, así como en la inoperancia de un aparato judicial y electoral que responde a la lógica del modelo anterior. La imposibilidad de someter a la justicia a figuras clave del pasado es la evidencia de que el poder efectivo sigue en manos de una estructura que combina intereses políticos y criminales. La experiencia de 2019 refuerza esta tesis: el liderazgo puede cambiar, pero el sistema permanece.

Antes de cualquier proceso de unidad nacional, existe la necesidad de desmantelar el andamiaje institucional vigente y restaurar las bases de la República. Bolivia no cumple con los elementos esenciales de una democracia plena —desde la independencia de poderes hasta el sufragio universal efectivo— y opera, en cambio, bajo un esquema que ha erosionado derechos, promovido el exilio y limitado la participación política.

La disyuntiva es, por tanto, estructural y urgente: cambio o desgaste. El gradualismo solo prolongará la crisis, mientras que una transformación profunda —una “política de shock”— sería la única vía para recuperar institucionalidad, economía y cohesión social. Sin embargo, el tiempo juega en contra. La esperanza inicial depositada en el nuevo liderazgo comienza a diluirse en las calles, donde ya no se cuestiona solo la dirección del gobierno, sino su capacidad de sobrevivir dentro de un sistema criminal que, hasta ahora, ha demostrado ser más fuerte que quienes intentan gobernar.