En Venezuela el narcoterrorismo gana tiempo y el pueblo pierde el miedo
Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Luis Galeano en «Café con Voz»: En Venezuela vuelve a instalarse una palabra que suena a reconciliación, pero que en contextos autoritarios suele funcionar como una trampa: amnistía. El término, heredado de una larga tradición jurídica, se asocia al “olvido” y al perdón de delitos. Y ahí está el primer problema: la amnistía no existe para inocentes, sino para quienes han cometido crímenes. Por eso, cuando se pretende colocar en el mismo plano al represor y a la víctima, al verdugo y al perseguido, lo que se está haciendo no es cerrar heridas: es institucionalizar la injusticia.
El socialismo del siglo XXI convirtió la persecución política en un sistema. En lugar de castigar al delincuente, criminalizó a la disidencia y transformó a los tribunales en herramientas de represión. La fórmula se repite: inventar delitos que antes no existían, aprobar leyes que violan derechos fundamentales, y luego usar esa maquinaria legal para encarcelar, exiliar o silenciar. El resultado es un modelo donde el Estado no garantiza libertades: las aplasta. Fiscales convertidos en operadores del poder y jueces degradados a ejecutores de órdenes políticas completan el cuadro.
En ese escenario, la “liberación” de presos rara vez significa libertad real. Las dictaduras suelen aplicar una práctica conocida: excarcelar sin absolver. Sacan a la persona de la cárcel, pero la mantienen atrapada en procesos manipulados, con medidas restrictivas, vigilancia, amenazas, prohibiciones para hablar y castigos inmediatos si se atreve a ejercer su derecho a expresarse. Es un mecanismo de control social: la prisión se reemplaza por el miedo. Y cuando alguien rompe el silencio, el mensaje es brutal: vuelve el encierro.
Por eso, hablar de amnistía en Venezuela hoy exige una redefinición urgente. No puede ser el perdón concedido por los criminales a sus víctimas. Eso es el mundo al revés. En regímenes donde los presos son inocentes y los culpables están en el poder, la única amnistía legítima debe entenderse como nulidad total de los procesos fabricados para violar derechos humanos. No se trata de perdonar: se trata de anular, borrar jurídicamente la persecución, derribar las acusaciones inventadas y permitir el retorno de exiliados sin cadenas invisibles.
Pero la transición democrática no se sostiene solo con liberar rehenes políticos. Requiere condiciones mínimas. Primero, eliminar la legislación represiva que sostiene el sistema: si las leyes infames siguen vigentes, el poder real sigue en manos del autoritarismo aunque cambien los rostros. Segundo, rechazar la impunidad: no puede construirse democracia sobre crímenes de lesa humanidad, torturas, asesinatos, persecuciones y saqueos económicos sin consecuencias. Y tercero, sacar al crimen organizado de la política: permitir que las estructuras responsables de la represión sigan compitiendo electoralmente es normalizar lo intolerable.
Venezuela está ante un momento decisivo. Hay presión internacional, hay señales de desgaste interno, y sobre todo hay un pueblo que comienza a recuperar algo que las dictaduras temen más que cualquier sanción: la pérdida del miedo. Ese es el punto de quiebre real. Cuando una sociedad deja de temblar, el aparato represivo empieza a fallar. La pregunta ya no es si el régimen quiere “dar concesiones”, sino si la democracia tendrá la lucidez de no confundir concesiones con justicia, ni amnistía con amnesia.
