Bolivia, Rodrigo Paz tiene el Gobierno pero no el poder que sigue en manos del narcoestado
Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Virginio Lema Trigo: Rodrigo Paz ha asumido la presidencia en un país que, exige mirar la “realidad objetiva” antes que las retóricas. El reciente asesinato que conmueve a la opinión no es un hecho aislado sino el reflejo de una estructura de poder profundamente capturada: Bolivia se ha convertido en un narcoestado cuyo aparato público —desde sindicatos y federaciones hasta órganos de justicia— están entrelazados con redes de producción y tráfico de cocaína. Esa situación exige respuestas institucionales claras si la transición política pretende ser más que un cambio de nombres en un narcoestado.
El narcoestado es manejado en una cadena donde confluye: cultivo ilegal, transformación de pasta base en clorhidrato, logística de exportación, lavado de activos y protección política. Las leyes y los dispositivos creados en la última etapa —la Constitución del Estado Plurinacional y la llamada Ley General de la Coca, han sustituido instrumentos que antes permitían una política de Estado contra el narcotráfico, como la Ley 1008. El resultado es la pérdida de un modelo de lucha antinarcóticos y el surgimiento de territorios donde la acción del Estado es débil o ausente.
Desde el punto de vista jurídico y político se debe restaurar marcos legales, volver a la Constitución de 1994, procesar penalmente a los implicados y desarticular las estructuras políticas que funcionan como fachada del narcotráfico. Esos pasos incluyen la revisión y anulación de normas que dan impunidad, la persecución judicial de líderes señalados y la proscripción de organizaciones sociales o partidos que operan como brazos de lo ilícito. Sin cambiar el andamiaje legal y judicial no habrá gobernabilidad verdadera.
El nuevo Gobierno dispone de la presidencia y de apoyos internacionales que podrían facilitar la operación política y técnica para desmontar el narcoestado: cooperación exterior, presión sobre el financiamiento ilícito y reformas institucionales. Si no se encara la realidad objetiva, cualquier avance económico o social estará condenado a chocar contra estructuras de poder paralelas que mantienen los privilegios de quienes se benefician del crimen organizado. Bolivia tiene la urgencia de cambiar su política de Estado para recuperar la soberanía y la legalidad.
