El socialismo del siglo 21 persigue, encarcela, exilia y mata
Carlos Sánchez Berzaín da las conclusiones en el Foro «Persecución política judicial en Colombia” celebrado en la sede del IID el 13 de agosto de 2025.
Colombia vive una crisis política y judicial que amenaza con alterar de manera irreversible su sistema democrático. El asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe y el encarcelamiento del expresidente Álvaro Uribe marcan un antes y un después en la historia reciente del país. Estos hechos, lejos de ser aislados, replican patrones ya vistos en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba, donde el denominado “socialismo del siglo XXI” ha utilizado la persecución judicial y el asesinato de reputaciones como armas para neutralizar a la oposición.
Este modelo no es un fenómeno nuevo en América Latina, sino una estrategia transnacional que combina crimen organizado, control judicial y propaganda política para consolidar regímenes autoritarios. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, la dictadura cubana ha exportado su metodología a gobiernos aliados, convirtiendo a las FARC en actores políticos legitimados, incluso en contra de la voluntad popular expresada en el plebiscito de 2016. En ese contexto, Colombia estaría siguiendo la misma ruta de cooptación institucional.
La persecución política judicializada, no se limita a encarcelar opositores, sino que busca destruir su reputación y sembrar miedo en la sociedad. Casos como el de Fernando Villavicencio en Ecuador, Óscar Pérez en Venezuela o Marco Aramayo en Bolivia evidencian que el socialismo del siglo XXI también recurre al asesinato físico, incluso fuera de las fronteras nacionales. En todos estos episodios, la impunidad ha sido la norma, con autores intelectuales sin identificar o nunca procesados.
Organismos internacionales y ONG de derechos humanos registran centenares de presos políticos en la región: más de mil en Cuba, miles en Venezuela, Bolivia y Nicaragua. A esta lista se suman ahora Álvaro Uribe en Colombia y Jair Bolsonaro en Brasil, como víctimas de “sentencias infames” dictadas por jueces al servicio de intereses políticos. Estos “jueces verdugos” son tan responsables como quienes ejecutan actos de violencia física, al violar los derechos humanos bajo el amparo de la ley.
Hay que mirar el bosque, lo que ocurre en la región, porque lo que ocurre en Colombia no es un fenómeno local. Colombia estaría en la fase final de un proyecto para transformarla de una democracia paradictatorial en una dictadura plena. La elección del próximo año podría ser el punto de no retorno si no se detiene este proceso. La experiencia de otros países de la región muestra que, una vez consolidado este modelo, la recuperación de la democracia se convierte en una tarea titánica y prolongada. La historia reciente de América Latina es un espejo donde Colombia podría ver su futuro inmediato.
