La constitución pluri de Bolivia es base del narcoestado, la impunidad y la crisis

Carlos Sánchez Berazín entrevistado por Enrique Salazar en “Voz y voto:: Bolivia no es una isla. El cambio geopolítico que recorre la región nace de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos y reconoce al narcotráfico y al narcoterrorismo como agresión directa contra las democracias americanas. De ahí el Escudo de las Américas: una iniciativa que promete prosperidad solo después de normalizar lo que casi todo este siglo fue irregular, cuando el crimen organizado tomó el poder político e instaló narcoestados. Cuba fue el primero, en la década de 1980, cuando Fidel Castro traficaba con Roberto Suárez Gómez y Pablo Escobar; le siguieron Venezuela con Chávez y Maduro, Nicaragua con Ortega y Murillo, Ecuador con Correa y Bolivia con Morales y Arce.

Ese orden histórico empieza a desmontarse. La intervención del 3 de enero que apresó a Maduro, las operaciones militarizadas en Ecuador con Noboa, la DEA y el Comando Sur, las medidas colombianas contra las FARC y el ELN junto a las extradiciones, y el giro peruano marcan el ritmo regional. En Bolivia, durante demasiado tiempo, no ocurrió nada. Hoy la señal es explícita: la comunicación del secretario de Estado, en el marco de la reunión del Escudo celebrada en Nueva York durante la Asamblea de la ONU, felicita al gobierno de Rodrigo Paz y deja claro que el apoyo se inscribe en el fin de la delincuencia incrustada en las estructuras de gobierno y de justicia. El retiro de visas y las aprehensiones posteriores no son un gesto interno; son el primer tramo de esa presión transnacional.

El problema boliviano, sin embargo, es estructural. El sistema jurídico del Estado Plurinacional está diseñado para la impunidad: jueces nombrados en la era del narcoestado, tipos penales y procedimientos alterados, una ley del Ministerio Público hecha para facilitar el copamiento, y un poder concentrado sin frenos ni contrapesos. La Constitución, copia del estatuto venezolano y cubano, sustituyó el Estado de derecho por el terrorismo de Estado: fiscales convertidos en sicarios políticos, administración pública organizada para la rapiña y el país entregado a intereses externos mientras quien denuncia es perseguido. No controlamos el territorio; las mafias sí. Pistas clandestinas, sicariato y fronteras abiertas son el resultado de veinte años en que el Estado retrocedió y el crimen avanzó. El 78 % de repudio al sistema de justicia no es anécdota: es el diagnóstico de un aparato que se sostiene por amenazas recíprocas entre corruptos y por lealtades al MAS y a su jefe prófugo en el Chapare.

Esta coyuntura es un punto de quiebre, no un escándalo más que se disolverá en una semana. Los hechos notorios ya condenan a los sospechosos detenidos; si la justicia local no responde, la cobertura internacional del Escudo obligará a que responda. Rodrigo Paz tiene ante sí la disyuntiva histórica de quien sucede a Arce: seguir como jefe del narcoestado plurinacional o recuperar la presidencia de la República. El Escudo lo fortalece y, en estas circunstancias, lo hace técnicamente inderrrocable, pero no sustituye la decisión. La lucha debió empezar el primer día de gobierno, no después de la revocatoria de visas. Si no se aprovecha para declarar nula la estructura que ampara la delincuencia organizada y volver al Estado de derecho, el proceso se hundirá con el mismo sistema que dice combatir. Evo Morales, creador de este entramado, no puede permanecer tranquilo en el Chapare: el desmontaje regional ya llegó a Bolivia y no se detendrá en los subordinados.