Constitución del narcoestado plurinacional garantiza impunidad y cancelación de visas grave señal
Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Enrique Salazar en “Voz y voto: La comunicación del Departamento de Estado: “Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden ingresar libremente a Estados Unidos. Estamos señalando públicamente al fiscal general de Bolivia, Roger Maríaca, por aceptar sobornos de narcotraficantes para ayudarlos a eludir la justicia. El departamento también está tomando medidas para imponer restricciones de visado a otros 20 funcionarios bolivianos corruptos”. Son 21 en total. Esta decisión certifica lo que sostenemos desde hace más de una década: Bolivia es un narcoestado, aquel país donde las autoridades usan sus potestades legales para participar en el cultivo ilegal, la transformación, el tráfico, el lavado y todas las etapas del narcotráfico.
Estados Unidos acaba de descertificar a Bolivia por no combatir el narcotráfico. En Bolivia no hay Estado de derecho, sino terrorismo de Estado y un pacto de impunidad que impide investigar al propio fiscal. El sistema del Estado Plurinacional está hecho para encubrir, no para juzgar. Mientras Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela avanzan en el desmontaje del crimen, en Bolivia no ocurre nada. El gobierno de Rodrigo Paz, pese a las fotos diplomáticas, mantiene el continuismo: créditos por miles de millones, visas canceladas incluso a sus designados, y Evo Morales acampando en el Chapare con mandamientos de aprehensión incumplidos.
La estrategia de seguridad nacional estadounidense prioriza desmantelar la guerra híbrida que exportó el castrismo. Bolivia forma parte del Escudo de las Américas, pero sigue atrapada. Paz tiene dos caminos: desmontar el narcoestado anulando esa Constitución que oprime a la nación o seguir siendo su jefe, igual que Morales y Arce. El pueblo ya no tiene gasolina, vive con miedo al sicariato y ve cómo la esperanza se convierte en decepción.
