Golpistas del 2003 en Bolivia ahora deben responder por la crisis que han hecho con sus crímenes
Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Nivar Hevía y Vaca: Bolivia no llegó a 2026 sin combustible, sin dólares, sin gas y sin reservas de oro por un accidente del destino. Llegó así porque en octubre de 2003 un grupo de conspiradores forzó la ruptura del orden constitucional, inventó una “guerra del gas” cuando el país estaba listo para exportar y, en pocas horas, impuso la Agenda de Octubre: constituyente a medida, “nacionalización” que detuvo la exploración y aceleró el saqueo, cultivo libre de coca y persecución de las autoridades derrocadas. Antes de ese golpe teníamos dólares, diésel, gasolina, gas, oro en el Banco Central, cerca del 20 por ciento de pobreza en descenso y apenas tres mil hectáreas de coca ilegal en reducción. Hoy padecemos más del 60 por ciento de pobreza —la mitad extrema—, decenas de miles de hectáreas de coca, sicariato, presos políticos y más de 27 mil exiliados. Esa no es una crisis: es el resultado de un diseño.
La Agenda de Octubre no fue un programa de reforma; fue la hoja de ruta para suplantar la República. Se falsificaron leyes, se fabricó una Constitución que no redactó la Asamblea Constituyente y se desconoció a las instituciones de la República para implantar un Estado Plurinacional calcado del castrismo y el chavismo. No había nada que nacionalizar: los hidrocarburos ya eran de la nación. Lo que se hizo fue matar la gallina de los huevos de oro: se abandonó la exploración, se exprimió la explotación y se dilapidó la bonanza en corrupción. Los gasoductos que nos hacían potencia regional hoy operan al revés. Al mismo tiempo se persiguió a los cocaleros legales de los Yungas y se entregó el territorio al complejo coca-cocaína del Chapare, convertida en base de un partido y de un narcoestado. Y para coronar el golpe, se amnistió a quienes bloquearon, dispararon y asesinaron, mientras se investigaba solo a las autoridades derrocadas. Así se rompió la integralidad de la investigación, la presunción de inocencia, el debido proceso y el juez natural.
No hay democracia donde faltan sus elementos esenciales. No hay respeto a los derechos humanos con cientos de presos políticos y decenas de miles de exiliados. No hay Estado de derecho cuando la ley vale según la fuerza, el dinero o el crimen. No hay separación de poderes cuando la justicia es tecla represiva. No hay competencia política libre ni sufragio universal verdadero cuando el voto rural pesa más que el urbano y hay escaños sin elección competitiva. Bolivia es un país pluricultural, no un archipiélago de 36 nacionalidades inventadas para fragmentar la nación y concentrar el poder. Los jóvenes que no conocieron otra cosa que este modelo no heredaron un debate entre izquierda y derecha: heredaron la privación de libertad. En el siglo XXI el eje no es ese cuento gastado; es libertad y democracia contra crimen organizado y narcoterrorismo.
Por eso no basta un cambio de nombres en el Palacio. Quien entre al mismo pantano —con la misma Constitución, la misma impunidad y la misma estructura criminal— será absorbido por él y terminará pagando, además, la factura de quienes hundieron al país. Hay que cambiar las leyes del sistema dictatorial, juzgar a los responsables de la miseria, los crímenes y el narcoestado, y sacar al crimen organizado de la política. Solo entonces volverá la República: unidad en la diversidad, Estado de derecho y la posibilidad real de prosperar. Sin eso, seguiremos preguntándonos por qué no hay diésel, por qué no hay dólares y por qué cada mañana una parte del pueblo sale a la calle sin saber si va a comer.
