Golpistas de Octubre 2003 en Bolivia son autores del narcoestado y la crisis económica y social

Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Junior Arias en «Detrás de la verdad»: El 17 de octubre de 2003 no fue una “guerra del gas”, sino un golpe de Estado que forzó la renuncia del presidente constitucional y entregó el país a una agenda subversiva formulada esa misma noche en El Alto.

Esa Agenda de Octubre —constituyente, “nacionalización” de hidrocarburos, libre cultivo de coca y persecución selectiva— se convirtió en el manual de destrucción de la República. Con leyes falsificadas se impuso una Constitución redactada por abogados foráneos al servicio de Cuba y Venezuela; se liquidaron los contratos de exploración y se mató la gallina de los huevos de oro del gas; se derogó la Ley 1008 y Bolivia se transformó en narcoestado; y, mientras se amnistiaba a bloqueadores, asaltantes y golpistas, se condenaba solo a quienes defendieron el orden legal. Veinte años después enfrentamos la consecuencia inevitable: pobreza que saltó del 20 % al 62 %, escasez de combustibles y dólares, reservas evaporadas y una nación fragmentada por el odio racial y regional.

Hoy, una sala constitucional de Cochabamba ha anulado por fin la causa contra los defensores del Estado de 2003 al reconocer las violaciones flagrantes a la igualdad jurídica, al debido proceso y a media docena de derechos humanos, se abre una ventana que no podemos desperdiciar. Debemos reabrir una investigación integral que incluya a todos —empezando por Carlos Mesa, cuya traición consumó el golpe, y siguiendo por Evo Morales, que convirtió a Bolivia en satélite del socialismo del siglo XXI—. Solo así romperemos la impunidad impuesta por el decreto de amnistía y devolveremos al pueblo la verdad histórica que el régimen ocultó durante más de dos décadas.

Rodrigo Paz tiene el gobierno, pero aún no el poder. Su disyuntiva es clara: cambio real o continuismo agravado. Continuismo significa mantener intacta la estructura jurídico-institucional plurinacional diseñada para delinquir con impunidad; cambio significa restituir la Constitución republicana, recuperar la inversión, el voto universal y la soberanía territorial, y formar un gobierno de unidad nacional transparente. Si no actúa con determinación, la ciudadanía —cansada de colas, de corrupción y de promesas vacías— terminará atribuyéndole no solo sus propios errores, sino todos los crímenes del pasado.

Bolivia no necesita más síntomas tratados a medias: necesita recuperar la República.