Como dictadura / narcoestado Bolivia no saldrá de la crisis
Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Edwing Castro Poma y Alejandra Camila K. Mendoza en «Contraparte Bolivia»: Desde el derrocamiento del presidente Sánchez Lozada en 2003, se rompió el orden constitucional y se inició un proceso de concentración de poder que destruyó la previsibilidad de la vida ciudadana, la separación de los órganos del Estado y el respeto a los derechos fundamentales. Ese golpe, impulsado por intereses de Cuba y Venezuela con el respaldo del Foro de São Pablo, encontró en Bolivia el escenario perfecto para imponer un modelo autoritario que, lejos de ser un experimento local, formó parte de una estrategia regional para desmantelar las repúblicas.
La llamada Constitución del Estado Plurinacional no surgió de la voluntad popular. Fue impuesta mediante la falsificación de leyes, el traslado manipulado de la Asamblea Constituyente y un pacto espurio entre Evo Morales y sectores de la oposición que, en lugar de defender la República, la traicionaron. Con esa herramienta se liquidaron la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía y la Corte Nacional Electoral, se instaló el control absoluto del poder y se convirtió al país en un narcoestado donde el cultivo ilegal de coca se multiplicó, se expulsó a la DEA y se abrieron las puertas a grupos criminales transnacionales que hoy operan con impunidad.
A pesar del cambio de gobierno, las estructuras de esa dictadura permanecen intactas. Bolivia sigue sin ninguno de los elementos esenciales de la democracia: hay más de doscientos presos políticos, miles de exiliados, justicia al servicio de los corruptos y un sistema que protege a quienes usurparon la soberanía. El poder real no reside en quienes administran el gobierno, sino en las redes del narcoestado que continúan controlando instituciones, impidiendo la captura de los principales responsables y bloqueando cualquier transición real.
La única salida es llamar a las cosas por su nombre y actuar con decisión. Un decreto presidencial debe declarar nula de pleno derecho la Constitución impuesta y todo el andamiaje del Estado Plurinacional, restaurar la República, desmontar el sistema de impunidad, retirar de la política a los delincuentes que se hacen pasar por dirigentes y ejecutar las órdenes de aprehensión contra Evo Morales y sus cómplices. Solo con unidad nacional, denuncia clara y el respaldo de las democracias del continente será posible recuperar la libertad, la seguridad y la esperanza que Bolivia perdió hace más de dos décadas.
