Bolivia ante el fin del narcoestado y regreso a la República

Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Elsy Vallarino, Andrés Ortiz, Stephanie Macías y Ricardo Flores en Radio Centro Ecuador.

Bolivia vive días de esperanza e incertidumbre tras la elección de Rodrigo Paz como presidente. Su llegada al poder representa una oportunidad para romper con dos décadas de dictadura, corrupción y sometimiento a intereses extranjeros. El país enfrenta el desafío de superar un modelo plurinacional que fue utilizado para consolidar un régimen dependiente de Cuba, Venezuela e Irán, mientras sus recursos naturales quedaban en manos de potencias como China y Rusia. En este contexto, Paz tiene ante sí la decisión más trascendental de su vida política: continuar el legado del narcoestado o restaurar la República democrática.

Durante más de veinte años, Bolivia vivió una degradación institucional que comenzó con la suplantación de la antigua Constitución republicana. La instauración del Estado Plurinacional no solo alteró la estructura política del país, sino que también abrió las puertas a una alianza con redes del narcotráfico y la corrupción. Hoy, más del 60% de los bolivianos viven en pobreza, un retroceso alarmante respecto al 25% registrado dos décadas atrás. Esta crisis, alimentada por la pérdida de soberanía y la entrega de los recursos naturales, ha convertido al país en uno de los bastiones del crimen organizado en la región.

Rodrigo Paz enfrenta dos caminos opuestos. El primero, el de la continuidad, lo convertiría en el cuarto jefe del sistema plurinacional, después de Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce. El segundo, el más desafiante, implicaría restituir la República mediante la nulidad de los actos derivados de la usurpación constitucional. De acuerdo con la legislación boliviana, el artículo 31 de la Constitución republicana otorga al presidente la facultad —y el deber— de anular los actos de quienes hayan ejercido el poder sin legitimidad. Si Paz decide seguir ese camino, Bolivia podría emprender una transición semejante a la que vivió Ecuador bajo el mandato de Lenín Moreno.

La esperanza del pueblo boliviano se alimenta de las señales emitidas por el nuevo presidente. La disposición a restablecer relaciones con Estados Unidos es vista como un paso crucial para retomar la lucha contra el narcotráfico, interrumpida desde la expulsión de la DEA y del embajador estadounidense en 2008. Este gesto marca una diferencia sustancial con los gobiernos anteriores, que transformaron los centros de operaciones antinarcóticos en espacios de protección para las redes delictivas. Además, la incorporación de figuras jóvenes en su equipo genera expectativas de renovación política y moral.

Sin embargo, los retos de gobernabilidad son inmensos. Aunque Paz ha asegurado una mayoría parlamentaria mediante alianzas estratégicas, deberá enfrentar un Estado donde la corrupción, la persecución política y la falta de independencia judicial son la norma. Bolivia cuenta con más de 300 presos políticos y decenas de miles de exiliados, lo que evidencia la magnitud del deterioro institucional. Sin un restablecimiento efectivo de los derechos humanos, la separación de poderes y la libre participación política, cualquier intento de reconstrucción económica será insuficiente.

En el plano internacional, el nuevo gobierno parece orientarse hacia el bloque de democracias que defienden la libertad y el estado de derecho, alejándose del eje autoritario de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Su acercamiento a Washington y su posible reincorporación a los mecanismos regionales de cooperación marcan un viraje estratégico para Bolivia. La prioridad será reintegrarse al sistema internacional con un compromiso claro en la lucha contra el narcoterrorismo y el crimen transnacional que afecta a todo el continente.

El desafío de Rodrigo Paz es monumental. No se trata solo de gobernar, sino de refundar la democracia en un país asfixiado por décadas de autoritarismo y pobreza. Si logra restituir la República y desmontar las estructuras del narcoestado, Bolivia podría convertirse en un símbolo de recuperación institucional en América Latina. Pero si opta por la complacencia o la tibieza, el país corre el riesgo de perpetuar su sometimiento a los intereses del crimen organizado. La historia está nuevamente en marcha, y el rumbo que tome Bolivia afectará el futuro político de toda la región.