A 22 años del golpe de Estado contra la democracia en Bolivia
Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Paola Saavedra «Televisión Universitaria La Paz»: El verdadero eje de confrontación en América Latina ya no es entre izquierda y derecha, sino entre crimen organizado y democracia. En ese tablero, Bolivia se encuentra desde 2003 bajo el control de un sistema de narcoestado. A pocos días del balotaje del 19 de octubre de 2025, el país enfrenta una disyuntiva histórica: persistir en el modelo del socialismo del siglo XXI o emprender el camino de la recuperación republicana.
Las cifras son devastadoras. Más de 27.000 bolivianos viven en el exilio, existen decenas de presos políticos, la pobreza roza el 60% y los principales recursos estratégicos —gas, diésel, dólares— han desaparecido. La Constitución republicana fue suplantada por el llamado Estado Plurinacional, estructura que sostiene legalmente la concentración absoluta del poder y la impunidad de las élites vinculadas al régimen de Evo Morales y Luis Arce.
El precedente de 2019 demuestra que se puede perder el gobierno sin perder el poder. Aunque Morales renunció tras el fraude, la estructura judicial y política del movimiento oficialista se mantuvo intacta y terminó encarcelando incluso a quienes asumieron la transición. Por eso, el próximo presidente deberá escoger entre dos caminos: convertirse en el “cuarto jefe del narcoestado plurinacional” o proceder a la restitución plena de la República y el Estado de derecho.
A diferencia de una discusión entre personas, se trata de un debate entre modelos. Rodrigo Paz y Jorge “Tuto” Quiroga, los dos candidatos en disputa, han gastado la campaña acusándose mutuamente de connivencia con el régimen en lugar de exhibir sus planes para desmontarlo. Sin embargo, el país no espera santos, sino “conversos”: alguien que, aunque haya sido parte del sistema, esté dispuesto a romperlo desde adentro como el caso de Lenín Moreno en Ecuador, quien pese a haber llegado bajo el amparo del correísmo, rompió con la dictadura y restableció la institucionalidad democrática. Bolivia espera un gesto equivalente: un decreto inicial que declare nulos los actos del Estado Plurinacional, la conformación de un nuevo sistema judicial independiente y el inicio de procesos contra los responsables de crímenes de Estado y narcotráfico.
Estados Unidos ya ha dejado clara su posición: está dispuesto a restablecer relaciones y cooperación antidroga solo con un gobierno que se distancie del Movimiento al Socialismo. La frontera está definida: o Bolivia se suma al bloque de países que defienden la libertad —como Argentina, Ecuador o Paraguay— o se mantiene en el grupo que ampara al crimen organizado junto a Venezuela, Cuba y Nicaragua.
El 19 de octubre no elegirá simplemente un presidente, sino el tipo de país que Bolivia quiere ser: una república libre o un territorio administrado por mafias. La esperanza existe, pero el riesgo también. La historia vuelve a poner al pueblo boliviano ante un ciclo de 22 años.
