Bolivia: Continuismo o cambio con Constitución de la República
Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Virginio Lema: A una semana de la segunda vuelta electoral en Bolivia, no se puede interpretar el proceso únicamente desde los resultados en las urnas, sino desde el contexto institucional en el que se desarrolla. Según la Carta Democrática Interamericana, una democracia requiere al menos cinco elementos esenciales: respeto a los derechos humanos, acceso al poder bajo Estado de derecho, separación de poderes, libertad de organización política y elecciones libres. Ninguno de ellos está vigente hoy en Bolivia.
El primer indicador de esta crisis democrática es la existencia de más de 230 presos políticos y decenas de miles de exiliados, entre ellos la expresidenta Jeanine Áñez, aún encarcelada. A esto se suma un sistema judicial controlado por el Ejecutivo, estructurado mediante reformas ilegítimas que, según denuncias, falsificaron la Constitución y suplantaron la República por un “Estado Plurinacional” diseñado para concentrar el poder y garantizar impunidad a los gobernantes.
Las elecciones en Bolivia, lejos de ser un ejercicio libre, estarían marcadas por un mecanismo de habilitación selectiva de candidatos: el régimen permite competir solo a quienes considera funcionales, mientras excluye a opositores reales como se ha visto en múltiples procesos recientes. El propio órgano electoral ha sido acusado de operar con sesgo estructural en favor del oficialismo, al punto de ser definido como parte del sistema de control dictatorial.
En este marco, la actual disputa entre los candidatos Rodrigo Paz y Jorge Quiroga es una competencia dentro del mismo sistema de poder, más enfocada en ataques personales que en plantear soluciones de fondo. Para críticos del proceso, el verdadero dilema no es quién gane, sino qué camino seguirá el futuro gobernante: continuidad del modelo vigente o ruptura con el esquema instaurado desde el masismo.
La opción del continuismo implicaría mantener la Constitución vigente, los tribunales sometidos y una retórica de “pacificación” que solo serviría para postergar el conflicto de fondo a cambio de pequeños gestos como liberar algunos presos. En cambio, la alternativa sería restaurar la Constitución republicana previa, investigar los crímenes del pasado reciente y desmontar el andamiaje legal construido desde 2004.
Como ejemplo de que un giro de esta magnitud es posible está el caso de Ecuador bajo el gobierno de Lenín Moreno, quien, pese a haber llegado al poder desde el correísmo, decidió desmontar el sistema autoritario de su antecesor y permitir la vuelta de la democracia plena. Ese camino —aunque difícil y riesgoso— es el único verdaderamente transformador.
Bolivia enfrenta así una decisión histórica: elegir solo un nuevo administrador del sistema o impulsar una transición real que devuelva al país su libertad política. La pregunta no es únicamente quién gobernará, sino si el poder seguirá en manos del mismo aparato que domina el país desde hace dos décadas.
