Bolivia narcoestado del socialismo del siglo 21
Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Edwing Castro Poma e Itzel Noelia Achillo en «ContraParte Bolivia»: Bolivia reúne todas las condiciones para ser catalogada como un narcoestado: autoridades que, en lugar de combatir el narcotráfico, participan activamente en cada eslabón de su cadena. La producción de coca ilegal —especialmente en el trópico de Cochabamba—, la fabricación de pasta base y clorhidrato de cocaína, el tráfico internacional, el encubrimiento institucional y el lavado de dinero operan con protección estatal desde la llegada de Evo Morales al poder en 2006. La expulsión de la DEA, la modificación de la Ley 1008 y la persecución a los productores de coca legal en Los Yungas consolidaron un sistema en el que las estructuras del Estado dejaron de combatir el delito para garantizar su expansión.
Los casos recientes lo confirman: exjefes antidrogas procesados por narcotráfico, figuras ligadas al gobierno que huyeron con complicidad oficial y narcotraficantes extranjeros viviendo impunemente en Santa Cruz. La «descertificación» de Bolivia por parte de Estados Unidos —que implica reconocer que el país no combate el narcotráfico— representa un golpe diplomático y económico sin precedentes. Además, el enfrentamiento entre facciones internas del MAS revela que la disputa política actual no es ideológica, sino una pugna entre grupos criminales por el control del negocio.
Sin embargo, hubo un tiempo en que Bolivia avanzó en la erradicación de la coca ilegal y el desarrollo alternativo en el Chapare, con exportaciones de piña, banano y lácteos. Ese modelo se desmontó deliberadamente para reinstalar la economía de la cocaína como eje central. Hoy el país enfrenta una encrucijada histórica: continuar bajo un esquema de represión, corrupción y sometimiento a redes transnacionales ligadas al castrochavismo, o recuperar la institucionalidad democrática previa a 2006.
La única salida pasa por restablecer la República, reinstaurar la Constitución de 1994, liberar presos políticos, restituir la lucha antidrogas como política de Estado y reabrir la cooperación internacional con agencias como la DEA y la Unión Europea. Sin un cambio radical y frontal, Bolivia no solo seguirá siendo un narcoestado, sino que corre el riesgo de consolidarse como un enclave criminal permanente en el corazón de Sudamérica.
