Ultimatum al crimen que usurpa Venezuela
Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Luis Galeano en «Café con voz»: En las últimas décadas, América Latina ha visto la consolidación de “narcoestados”: regímenes en los que funcionarios de gobierno participan activamente en las cadenas del narcotráfico. Cuba fue pionera en este modelo desde los años 80 con acuerdos de Fidel Castro con narcotraficantes colombianos y bolivianos. Hoy, además de la isla, Venezuela, Nicaragua y Bolivia completan el cuadro de dictaduras ligadas directamente al crimen organizado.
El caso más crítico es el de Venezuela, gobernada por el llamado cartel de los Soles, organización señalada por Estados Unidos como narcoterrorista. La administración de Nicolás Maduro está sosteniéndose gracias a la protección de Cuba y al control represivo interno, aunque enfrenta un creciente aislamiento internacional. Washington, en un giro de su política exterior en los últimos meses, ha colocado a estos carteles en el centro de su estrategia contra las amenazas a la democracia.
El despliegue militar estadounidense en el Caribe, acompañado por operaciones contra redes criminales como el Tren de Aragua, ha reforzado la percepción de un ultimátum contra Maduro. Analistas sostienen que no se trataría de una invasión, sino de acciones puntuales, apoyadas en inteligencia y presión diplomática, para provocar un quiebre interno en el régimen.
Este cambio geopolítico ya tiene repercusiones regionales: países como Argentina, Chile, Perú y Ecuador han comenzado a alinearse con la nueva doctrina estadounidense, mientras que regímenes como Cuba, Nicaragua y Bolivia se han volcado en defensa de Caracas. Sin embargo, incluso los aliados extrarregionales —Rusia, Irán y China— han mantenido un silencio que muchos interpretan como signo de distanciamiento.
La expectativa es alta. Sectores opositores y la ciudadanía en Venezuela confían en que la caída del régimen chavista abrirá un efecto dominó en la región, debilitando a otros narcoestados. Lo ocurrido en los últimos seis meses ya marca un cambio irreversible: el crimen organizado ha dejado de ser tolerado como parte de la política regional y ha pasado a ser objetivo directo de la justicia internacional.
