La victoria electoral en Bolivia es el retorno a la República y la democracia sin impunidad
Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Paola Saavedra en Televisión Universitaria La Paz: A pocas horas de las elecciones del 17 de agosto en Bolivia, el panorama político se presenta marcado por una profunda crisis institucional y una total ausencia de condiciones democráticas. El país enfrenta un cuadro alarmante: 239 presos políticos, más de 27.000 exiliados, control absoluto del poder judicial y del órgano electoral por parte del Ejecutivo, y un padrón electoral cuestionado por fraude. A ello se suma la eliminación de candidatos independientes y la participación de una oposición fragmentada, que en muchos casos ha sido acusada de colaborar con el oficialismo.
La campaña electoral ha estado ausente de debates sustanciales sobre temas clave como la liberación de presos políticos, el retorno de exiliados o el combate al narcotráfico. El Movimiento al Socialismo (MAS) no es una fuerza política tradicional, sino una estructura vinculada al crimen organizado y al narcotráfico, operando como satélite del socialismo del siglo XXI liderado por Cuba y Venezuela. En este contexto, las elecciones son vistas como un ejercicio de “dictadura electoralista”: el pueblo vota, pero no elige realmente.
Uno de los puntos más preocupantes es la división del voto opositor. Pese a que más del 70% de la población rechaza al régimen, las principales figuras no han logrado unificar candidaturas, repitiendo errores de 2020, cuando la fragmentación facilitó el triunfo del oficialismo. Incluso si un candidato opositor funcional ganara, la estructura de poder del MAS seguiría controlando el Congreso y garantizando su impunidad.
La única vía para un cambio real, sería un gobierno que al asumir restablezca la Constitución de la República de Bolivia, anule todas las amnistías políticas y libere sin condiciones a presos políticos y exiliados. Sin estas medidas, cualquier alternancia será solo un simulacro para perpetuar el mismo sistema.
En este clima, el 17 de agosto no solo se decidirá el futuro inmediato del país, sino también si Bolivia podrá romper o no el ciclo de poder del crimen organizado enquistado en su estructura política. Esta elección representa una oportunidad histórica que, de desperdiciarse, podría sellar años de represión, corrupción e impunidad.
