Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Luis Galeano en «Café con Voz»: Durante el siglo XXI, la confrontación política en las Américas ha sido entre dictadura y democracia, con la dictadura cubana como eje articulador del llamado “socialismo del siglo XXI”. Este modelo autoritario, respaldado inicialmente por Castro, Hugo Chávez y Lula da Silva, y hoy liderado por el régimen cubano, ha operado como una red criminal transnacional que busca perpetuarse mediante el control de gobiernos, el sabotaje de procesos democráticos y la expansión de su influencia en la región.
La dictadura cubana ha sido históricamente responsable de fomentar grupos armados y guerrillas en toda América Latina desde 1959, y en este siglo ha logrado controlar directamente o influir decisivamente en regímenes como los de Venezuela, Nicaragua, Bolivia y, durante un tiempo, en el Ecuador de Rafael Correa. Además, ha instalado “gobiernos para-dictatoriales” en democracias formales como México, Brasil, Colombia, Honduras y Chile, mediante la cooptación electoral de líderes que terminan sirviendo a los intereses de ese bloque autoritario.
Las dictaduras manejan el uso sistemático de la violencia política como método para eliminar a opositores y líderes democráticos que representan una amenaza al poder de este eje dictatorial. Casos como el asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador, el ataque a Jair Bolsonaro en Brasil y el atentado reciente contra Miguel Uribe en Colombia son parte de una estrategia deliberada de eliminación física, cuya autoría intelectual apunta siempre hacia los mismos actores: Cuba, Venezuela y sus aliados locales.
En todos estos casos los autores materiales son sicarios fácilmente descartables, mientras que los verdaderos responsables —los líderes de las dictaduras del socialismo del siglo XXI— se escudan en narrativas, condolencias públicas y mecanismos legales manipulados para eludir cualquier consecuencia. La violencia se complementa con la represión interna en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, donde se acumulan denuncias por masacres, persecución política y presos de conciencia.
Mientras no se denuncie con claridad a los responsables intelectuales de estos atentados, el crimen político seguirá siendo una herramienta de los regímenes autoritarios del siglo XXI. El caso de Miguel Uribe es emblemático, y Gustavo Petro es responsable del mismo, no solo por su vínculo con Maduro y Díaz-Canel, sino por no haber protegido a la oposición y, en cambio, emitir discursos que justifican el crimen. Señalar con firmeza esta red criminal, es el único camino para frenar su expansión y detener el asesinato impune de líderes democráticos en las Américas.