Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Paola Saavedra: En Bolivia no se avizora una elección democrática, sino un fraude planificado. Bajo el disfraz de procesos electorales periódicos, el régimen del Movimiento al Socialismo (MAS) ha construido una estructura de poder que niega todos los elementos esenciales de una democracia genuina: no hay independencia judicial, no existe libertad de organización política, el sufragio universal ha sido adulterado, y los opositores son sistemáticamente perseguidos, encarcelados o forzados al exilio.
Actualmente, Bolivia arrastra una cifra alarmante: más de 320 presos políticos y 10.000 exiliados, hechos corroborados por organismos internacionales como la Global Human League y ACNUR. Entre ellos, se cuentan desde expresidentes hasta jóvenes activistas. La represión ha vaciado de legitimidad cualquier proceso electoral. ¿Cómo hablar de elecciones libres cuando los principales líderes opositores están tras las rejas o fuera del país? El caso del exgobernador Luis Fernando Camacho, hoy encarcelado, es paradigmático. La justicia no actúa con imparcialidad: es un brazo del régimen diseñado para aniquilar la disidencia y blindar la corrupción de los jerarcas del MAS.
Por otro lado, el órgano electoral boliviano está completamente subordinado al poder ejecutivo, y el padrón electoral sigue siendo una caja negra que jamás ha sido auditada. A esto se suma una práctica sistemática de inhabilitación selectiva de candidatos y partidos, en una maniobra que recuerda a los fraudes perpetrados en Venezuela en 2024 o en Nicaragua en 2021. El objetivo es claro: eliminar del tablero a cualquier opción real de alternancia y validar un poder que ya no se sostiene por el voto libre, sino por el control absoluto del aparato estatal.
Frente a esta estructura autoritaria, la oposición boliviana se presenta dispersa, fragmentada en una veintena de candidaturas que diluyen el repudio popular —que ronda el 80%— en porcentajes irrelevantes. Ningún candidato ha logrado articular un proyecto nacional con capacidad de aglutinar la voluntad ciudadana en torno a una sola opción. Así, lo que se presenta como una elección, es en realidad una trampa legitimadora del continuismo de la dictadura, donde el pueblo “vota” pero no elige. Como ocurrió en el pasado con la denuncia de fraude en 2020, el MAS apunta a repetir el esquema: victoria en primera vuelta, manipulación de resultados, y control absoluto del Estado.
El modelo político del socialismo del siglo XXI, operado desde La Habana y Caracas, se ha incrustado en Bolivia con una eficacia devastadora. El país es hoy un narcoestado en crisis, sin reservas internacionales, con escasez de combustibles, un déficit comercial desbordado y una inflación encubierta que deteriora la vida diaria. Pero mientras el ciudadano común sufre, el régimen se perpetúa. Lo electoral en Bolivia se ha convertido en una pantomima sin garantías ni derechos, donde el resultado está cantado de antemano. La dictadura electoralista ha suplantado a la democracia.