Carlos Sánchez Berzaín entrevistado por Idania Chirinos en NTN24: En el contexto actual de Venezuela, la nación se encuentra bajo el control de una organización criminal militar que, desde el 10 de enero de 2024, tiene un dictador mantenido con intervención externa. Este proceso, que el régimen denomina «elecciones», es una farsa que busca aparentar una falsa normalización de la situación política. María Corina Machado ha señalado acertadamente la nulidad de este ejercicio electoral, destacando que, al tratarse de una votación en un sistema dictatorial, no existe espacio para la democracia real.

Para entender la gravedad del panorama venezolano, es crucial señalar que esta «elección» no es más que una votación en un régimen donde el poder está completamente concentrado, sin ninguna representación legítima del pueblo. Aquellos que participan o llaman a participar en este proceso se convierten en cómplices de los crímenes de Maduro y su régimen. En este contexto, surge la noción de la «oposición funcional», un término que describe a aquellos que, como Henrique Capriles y Manuel Rosales, terminan colaborando con el régimen, presentando una imagen de democracia que, en realidad, no existe.

A lo largo de los últimos años, Venezuela ha pasado de ser una nación soberana a convertirse en un país ocupado por un grupo criminal que, a través de la manipulación y la represión, continúa aferrado al poder. Los resultados de las «elecciones» son solo una fachada que busca consolidar el dominio del régimen y engañar al pueblo. Con más de ocho millones de exiliados y miles de presos políticos, la situación en Venezuela es un claro reflejo de la violación sistemática de derechos humanos y la destrucción de las bases democráticas.

Este fenómeno no es único de Venezuela. Nicaragua, Bolivia y Cuba comparten el mismo modelo de dictadura que, bajo el pretexto del «socialismo del siglo XXI», se ha convertido en una organización criminal que no solo afecta a sus propios pueblos, sino que también busca influir en elecciones de otros países democráticos. Líderes como López Obrador en México, Lula en Brasil, y Petro en Colombia son ejemplos de apoyo a estos regímenes autoritarios, poniendo en peligro la estabilidad y los derechos humanos en la región. Los gobiernos de estos países, en lugar de condenar las violaciones de derechos humanos, se han alineado con las dictaduras, brindando impunidad a los responsables de crímenes de lesa humanidad.