El MAS controla instancias para acelerar juicios a ex autoridades

El MAS controla instancias para acelerar juicios a ex autoridades

Paulo Cuiza * La PazEl MAS tiene en el Judicial, la Fiscalía y el Legislativo todo un aparato para iniciar y acelerar juicios contra ex presidentes, ex y actuales autoridades del Poder Judicial acusados de la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, según advirtieron juristas y opositores.“El Gobierno está armando toda una estantería legal y judicial destinada a prefabricar condenas”, advirtió el constitucionalista, Carlos Alarcón, en torno a lo que se podría venir una vez se apruebe las ley de Juicio de Responsabilidades a Presidente, Vicepresidente y autoridades judiciales.

En el proyecto de ley de juicios, los delitos no prescriben y pueden juzgarse los cometidos antes de su vigencia (retroactivos). Más de 50 ex autoridades judiciales, prefecturales, ex ministros de Estado, y ex presidentes tienen planteados procesos.

El diputado de oposición, Jaime Navarro, advirtió que se avecina una persecución política, porque están dadas todas las condiciones para ello.

Por ejemplo, explicó, los juicios a presidente y vicepresidente deben pasar por manos del Fiscal General, Corte Suprema de Justicia y la Asamblea Legislativa. En cada una de estas instancias, sostuvo, existe gente afín o, en definitiva, del oficialismo.

En el caso del Fiscal General, fue ratificado Mario Uribe, mientras que en la Suprema, el presidente, Evo Morales, designó a cinco de sus once miembros. En tanto que las cámaras de Diputados y Senadores están manejadas por el oficialismo.

En las instancias que deben juzgar a las autoridades judiciales, ocurre una situación similar. El MAS controla el Comité de Ministerio Público, que debe sustentar o rechazar una demanda de enjuiciamiento, dijo.

Este caso, luego, pasará a la Comisión de Justicia Plural, donde también hay mayoría masista. De aprobarse la acusación, el pleno de Diputados deberá ratificarla y pasarla al Senado, que es tribunal de sentencia.

Cada una de estas instancias está manejada por el partido de Morales. “La estrategia del MAS es la persecución a la oposición”, dijo el senador del Plan Progreso, Germán Antelo.

 

estrategIa. Para el diputado Navarro, la aprobación de la Ley Corta, que permitió a Morales designar a 18 autoridades del Poder Judicial, “no es más que la punta del ovillo para que el MAS apunte a deshacerse de la oposición por medio de la reactivación de procesos contra ex presidentes y autoridades judiciales”.

Alarcón asegura que la intención del MAS es simple: “eliminar toda disidencia política y a la oposición”.

Para el politólogo Franklin Pareja, si bien las leyes son necesarias para el funcionamiento de una sociedad, “éstas no deben convertirse en instrumentos políticos”.

Más de 50 procesos están en trámite en la Asamblea y, de acuerdo con el proyecto en cuestión, varios de éstos serán tratados con la nueva ley, entre ellos estarían los casos contra los ex presidentes Jorge Quiroga, Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez.

Procesos en curso contra ex ministros y prefectos se enjuiciarán con la actual ley, es decir, tendrán caso de corte, explicó el diputado del MAS, Evaristo Peñaloza.

La senadora del MAS, Sandra Soriano, afirmó que las leyes “no tienen nombres y apellidos para perseguir”.

Acabar con la carga procesal

* El 18 de febrero, el presidente Evo Morales posesionó a cinco miembros de la Suprema, cinco magistrados titulares y otros suplentes del Tribunal Constitucional y tres consejeros de la Judicatura. El control constitucional estuvo paralizado por más de dos años tras la renuncia de sus miembros, enjuiciados por el oficialismo por delitos de prevaricato.

Fiscales afines al MAs

* El 2 de marzo, el fiscal general, Mario Uribe, al que se le amplió su mandato vía la Ley Corta, nombró a ocho fiscales de distrito. Entre ellos a Willams Dávila, ex candidato a diputado por el MAS, y a Arminda Méndez, ex diputada.
Sandra Soriano (MAS): “Las denuncias son extremas”
“Todas las apreciaciones están fuera de la realidad, pues ninguna ley está orientada a castigar sólo a un grupo. Se trata de algo general. Todas las observaciones o denuncias son muy extremas y están fuera de contexto, porque en el caso de la Ley Anticorrupción todo el pueblo está a favor de su aprobación. La corrupción ha generado la extrema pobreza en el país, aquí es capo el que roba”.

Germán Antelo (PPB): “Sin duda, todo está planificado”
“Hemos venido manifestando de manera permanente y continua nuestra preocupación desde la propuesta de la Ley Corta, porque era inconstitucional. Sin duda, no creo que no haya nada que esté sucediendo y que esté al margen de todo lo planificado por el Gobierno. Es un trabajo muy bien estructurado y han relacionado el uso de la justicia al manejo del poder político”.