Carlos Sanchez Berzain Abogado | Estadista | Político | Politólogo
(La Prensa Nicaragua ) La aplicación de sanciones al presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, del círculo cercano del designado presidente Daniel Ortega, tiene un menaje claro para el régimen y sus aliados, que no solo abarca la corrupción y violación de los derechos humanos, también que ya nadie en el mundo democrático cree en las “simulaciones de democracia” y de “elecciones en Nicaragua”, opinó el analista político boliviano Carlos Sánchez Berzain, director del Instituto Democrático Interamericano.
De acuerdo con el analista, el efecto no solo es para Nicaragua, sino también para el grupo de países aliados de Ortega: Venezuela, Cuba y Bolivia.
En esta entrevista con LA PRENSA, Sánchez Berzain, exiliado en Estados Unidos, analiza los posibles impactos políticos de la Ley Magnitsky.
¿Qué impacto puede tener la aplicación de la Ley Magnitsky a funcionarios del régimen de Daniel Ortega, en el ámbito político internacional?
Esto significa que Estados Unidos está señalando al gobierno de Daniel Ortega como no democrático, como un gobierno al margen de la ley, como uno más de los gobiernos del castro-chavismo en América Latina que comprende a Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. En el caso de Nicaragua en las sanciones específicas que han empezado a imponer, es decir, que hay condiciones criminales contra los principales personeros que hacen que hoy día Nicaragua tenga un gobierno sin democracia: primero, porque se violan los derechos; segundo, se ha hecho desaparecer el estado de derecho donde no rige la ley, sino la voluntad de Ortega y su grupo; tercero, no hay división e independencia en los poderes del Estado, es una simulación de independencia, todos están controlados por Ortega y su grupo; cuarto, las elecciones no son libres, limpias, transparentes y no reflejan la voluntad popular, son una simulación de un acto de perpetuación dictatorial, que Ortega ha venido repitiendo con maniobras que prueban los factores anteriores como la violación a los derechos humanos, la ausencia de estado de derecho, la ausencia de independencia de los poderes públicos, entonces, hay que ver en estas sanciones ya concretas del Gobierno de Estados Unidos, y porque hay acciones a nivel del Congreso, el señalamiento al gobierno Ortega como una dictadura en el ámbito latinoamericano, que no va a ser tolerado por la comunidad internacional, (Nicaragua) está en la lista de los países que no tienen democracia, igual que Cuba Venezuela y Bolivia.
¿El inicio de estas sanciones podría tener consecuencias en el resto de países que integran el llamado Socialismo del Siglo XXI?
El impacto es para todos porque están al descubierto sus simulaciones de democracia, son países que están en crisis. Tienen tremenda crisis de legitimidad, la mayoría de las poblaciones de esos países, incluida Nicaragua, desprecian y no quieren ese tipo de gobiernos, la impopularidad mayor debe ser la de Cuba, Venezuela con un 80 por ciento de desaprobación popular; Nicaragua y Bolivia también son absolutamente impopulares. Tienen una crisis de legalidad porque los sistemas legales están hechos a su medida, son sistemas ilegales e infames porque están destinados a violar los derechos de la gente. Tienen crisis económicas y crisis sociales muy grandes. Los países en América Latina que tienen el mayor nivel de crisis son precisamente los autollamados países de Socialismo del Siglo XXI, que son los países castro-chavistas, porque sus regiones bases se sostienen a partir de la alianza que Fidel Castro y Hugo Chávez hicieron en 1999, para recrear el expansionismo de la denominada Revolución cubana, es un neocomunismo con el dinero venezolano puesto por Chávez que ha llegado a Venezuela a la situación de pobreza en la que está. Y Ortega se está presentando como un claro violador de los derechos humanos, como un flagrante destructor de la independencia de los poderes y del estado de derecho en Nicaragua, que ha cerrado los espacios electorales para perpetuarse en el poder por encima de la voluntad popular. Es como un enemigo de la paz y la seguridad internacional, que son las actitudes que ha estado tomando en el último tiempo.
La estrategia de estos países ha sido mantenerse en el poder a través de simulación de elecciones para venderse como democracia. ¿Cree usted que la decisión de Estados Unidos, al sancionar al presidente del Consejo Electoral de Nicaragua, significa que ya no le está funcionando el discurso de que son electos por los votos?
Hace rato que no se cree en ese cuento. En el momento que hay oposiciones que no pueden nunca ganar una elección, de que estos países tienen perseguidos y presos políticos, tienen exilio político; Cuba, Bolivia y Venezuela tienen exilios marcados, pero en Nicaragua hay persecución política a través del mecanismo judicial, se inhabilitan candidatos, se evita que gente aspire a sus derechos legítimos electorales, y eso es persecución política. Ni Estados Unidos ni nadie se cree el cuento electoral. La decisión de Estados Unidos no es caprichosa, está cumpliendo sus leyes, no es que se le ocurrió al secretario del Tesoro, y de pronto se le ocurrió a la Casa Blanca, Estados Unidos está cumpliendo las leyes vigentes, calificando en el marco de la delincuencia a personeros y personalidades del gobierno de Ortega.
¿Cree usted que otras personas en Nicaragua pudieran ser incluidas en las sanciones de la Magnitsky?
Creo que Estados Unidos no va a tardar en expandir esa lista y abarcar los entornos de Ortega, que son ampliamente conocidos por su corrupción, lo que hacen estos regímenes es producir una cantidad de nuevos ricos. Los nicaragüenses saben quiénes son los nuevos ricos, empezando por Ortega junto a su entorno familiar y su esposa, que es ahora la vicepresidenta de Nicaragua, que ostentan riquezas que no pueden justificar, que son injustificables y que después terminan o terminarán como el gobierno de los Kirchner en Argentina, donde usted está viendo que recuperada la independencia de los jueces y los tribunales de justicia no se ha tardado en establecer la corrupción extraordinaria que esta gente ha cometido y de señalar de lo mal habido de sus bienes. Ortega, su familia y su mujer no van a ser la excepción.
¿Podría esta decisión de EE.UU. afectar al sector privado cercano a Ortega?
Los que están metidos en los negocios (de Ortega) y su corrupción, por supuesto que sí, porque corrupción es corrupción y en ese tema cada quien sabe dónde está ubicado. Se comenta mucho que Ortega en vez de perseguir a los empresarios, como se ha hecho en Venezuela y en parte en Bolivia, lo que ha hecho es asociarse con algunos de ellos y convertirse en patrocinador-socio de un sector de la burguesía, hay algo de eso también en Bolivia, uno sabe con claridad quiénes son los nuevos ricos y quiénes los empresarios que están al lado del régimen de Ortega beneficiándose de la violación a los derechos humanos, las violaciones al estado de derecho que existe en ese país.
¿Esta sanción al presidente del Consejo Electoral de Nicaragua podría catalogarse como un golpe a la corrupción del gobierno de Ortega?
El impacto es grandísimo, porque lo señala como no democrático y como corrupto. Le está poniendo el dedo al autor principal y señalado de corrupto que ha propiciado que Ortega permanezca a través de maniobra electoral (en el poder), hace rato que en Nicaragua no hay elecciones libres, es puro fraude electoral, pura manipulación. Entonces, el señalamiento de Estados Unidos es una manera de decirles sabemos lo que está pasando y son gente corrupta. Cómo pueden justificar funcionarios de ese nivel y en esas funciones el dinero y los recursos que ostentan, eso, por una parte, y por la otra, quiero insistir en que los señalamientos y las listas que hace Estados Unidos no son elaborados de manera arbitraria, son con base en el cumplimiento de las leyes norteamericanas y con base en los datos con que cuenta el gobierno, no son listas imaginarias, hay datos (información) y son investigaciones serias.
Plano personal
Carlos Sánchez Berzain es abogado experto en Derecho Constitucional, máster en Ciencias Políticas y máster en Sociología. Es además politólogo y perseguido político del Gobierno de Bolivia. Se encuentra exiliado en Estados Unidos.