Dictadores y cómplices desesperados por encubrir su corrupción

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15 de enero de 2017 

foro sao paulo(Diario Las Ampericas) La gente demanda saber la verdad y en consecuencia conocer a los delincuentes con sus nombres, posiciones de poder político y montos de beneficios criminales.

Autoridades fiscales y judiciales de Brasil han investigado y demostrado que desde al año 2001 y por casi 15 años, gobiernos de Lula da Silva y de Dilma Rousseff, se instaló y operó por el poder político un sistema criminal de corrupción transnacional con obras y empresas constructoras brasileras que se conoce como “lava jato”. Los detalles de las obras, comisiones, sobornos, coimas y detalles de la organización criminal están descubiertos en su pate fundamental, pero su publicidad está frenada porque los corruptos que siguen en ejercicio del poder político en los gobiernos de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Colombia y otros, actúan desesperadamente para encubrir su corrupción.

El origen político de esta red de crimen organizado resultó ser el “Foro de Sao Paulo” y su ámbito expansión abarcó a todos los países donde sus miembros tenían o formaban parte del poder, en especial al grupo de regímenes castristas que se conocen como socialismo del siglo XXI (SSXXI). Basta revisar detalle de obras realizadas país por país, por los gobiernos vinculados al Foro de Sao Paulo y establecer la presencia de empresas constructoras brasileras, para determinar el multimillonario alcance de la corruptela que hizo nuevos ricos a los socialistas e izquierdistas anti neoliberales, proporcionó el “capital” para que el proyecto político anti democrático y autoritario se expanda y se sostenga con ingentes cantidades de dinero para el fraude electoral, el asesinato de la reputación de los adversarios, la compra o neutralización de medios de comunicación, la prebenda populista y tantos otros crímenes cometidos contra la libertad y los derechos humanos.

La gente demanda saber la verdad y en consecuencia conocer a los delincuentes con sus nombres, posiciones de poder político y montos de beneficios criminales. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió un informe que establece que “durante o entre 2001 y 2016, Odebrecht, junto a sus cómplices, consciente y deliberadamente conspiró y acordó con otros proveer corruptamente cientos de millones de dólares en pagos y otros objetos de valor a y para el beneficio de funcionarios oficiales extranjeros, partidos políticos extranjeros, miembros de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros para asegurar una indebida ventaja e influencia a esos funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros a fin de obtener y retener negocios en varios países”.

El informe norteamericano señala coimas en Brasil con $349 millones de dólares, Venezuela $98 millones, Ecuador mas de $33,5 millones, Argentina $35 millones, Panamá $59 millones, Dominicana $92 millones, Perú $29 millones, Guatemala $18 millones, México $10,5 millones, Colombia $11 millones. El informe solo menciona dos empresas, Odebrecht y Braskem y solo de 9 países de América Latina y por lo tanto es solo parcial, no es completo, porque el consorcio criminal alentó y logró obras por montos millonarios en otros países como Bolivia y con otras empresas como OAS, Andrade Gutierrez, Quieroz Galvao, Camargo Correa….. Si bien es cierto que Estados Unidos y Suiza impondrán multas a Odebrecht y Braskem porque utilizaron el sistema financiero y bancario de Estados Unidos para pagar sobornos, no es menos importante la responsabilidad penal y política de los que recibieron los sobornos y conocer las otras empresas con sospecha de sobornos en otros países.

Es necesario conocer “las otras entidades asociadas”, es urgente que la opinión pública sepa quienes son los “funcionarios oficiales extranjeros, partidos políticos extranjeros, miembros de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros” que recibieron sobornos. Se trata de políticos, gobernantes y ex gobernantes brasileros, venezolanos, ecuatorianos, dominicanos, mexicanos, peruanos, argentinos, colombianos, panameños, guatemaltecos….y más allá de Odebrecht y de los países ya citados, hay que saber quienes son los cubanos, bolivianos, nicaragüenses y de otros países donde operó el sistema montado en torno al Foro de Sao Paulo.

En este escenario el gobierno que más desesperación ha demostrado por evitar el esclarecimiento es Ecuador, con Rafael Correa liderando declaraciones y posicionamientos públicos en los que, tratando de adelantarse a la verdad o “buscando curarse en salud”, ha establecido como regla oficial que no aceptarán “acusaciones sin pruebas ni beneficio de inventario”……lo que simplemente supone “confesión y encubrimiento” porque ante la cita de Ecuador con mas $33.5 millones de sobornos en un informe del Departamento de Justicia, la actitud de gobierno debió ser la de esclarecer no la de encubrir ni justificar (¿beneficio de inventario?). La Congresista de Estados Unidos Ileana Ros-Lehtinen solicitó a la Fiscalía de ese país desclasificar los nombres de los funcionarios ecuatorianos relacionados con el caso Odebrecht que habrían recibido sobornos por $33,5 millones y Rafael Correa respondió atacando a la congresista, demostrando que no quiere que se conozcan los nombres de ecuatorianos que tienen, tanto la justicia brasilera como la de Estados Unidos.

En Colombia el expresidente Alvaro Uribe ha pedido a la Fiscalía de su país que “investigue si la campaña que llevó a Juan Manuel Santos a la Casa de Nariño en 2014 fue financiada por Odebrecht”. El exVice Ministro de Transporte Gabriel García (del gobierno de Uribe) está ya preso por haber recibido $6.5 millones para la autopista Ruta del Sol. En toda la región se libra una nueva etapa de la lucha entre las dos Américas, la democrática y la dictatorial; entre el derecho de los pueblos a conocer la verdad versus los izquierdistas del Foro de Sao Paulo, los dictadores del SSXXI y sus cómplices, que buscan desesperadamente encubrir su corrupción y mantenerse en la impunidad.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy