Asesinato de la reputación en el siglo XXI

CARLOS SÁNCHEZ BERZAÍNvie sep 20 2013 10:22
La estrategia de persecución de las dictaduras del socialismo del siglo XXI contra quienes denominan sus “enemigos políticos”, a los que quieren quitarse del camino (lideres políticos, periodistas, ciudadanos), o cuyo patrimonio les interesa (empresarios, dueños de medios de comunicación), esta basada en el control del sistema judicial, acompañado de leyes que dictan incluso específicamente para cada caso.

El dictador identifica al individuo, lo acusa o hace acusar de hechos graves que constituyen delitos, lo señala públicamente como un delincuente común y los fiscales y jueces hacen el resto, hasta convertir al personaje –generalmente exitoso y notable- en un criminal, mandarlo a la cárcel u obligarlo a salir al exilio.

Esta política de estado tiene un elemento esencial -que puede ser una herramienta autónoma cuando no tienen forma de orquestar una persecución judicial- es el uso sistematizado de la calumnia, de la acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño, la imputación de delitos realizada a sabiendas de su falsedad, la inculpación de los delitos propios a la víctima, de la infamia como descrédito, deshonra, maldad o vileza, de la difamación verbal y escrita.

Lo que se llama el “asesinato del honor”, “el fusilamiento de la reputación”, “el asesinato de la reputación”, “caracter assassination”. No es nada nuevo, pero es un arma esencial de los dictadores del socialismo del siglo XXI, que la manejan desde su posición de poder, en nombre del país que controlan, por los medios de comunicación, las relaciones internacionales, en los foros y en Internet.

Han confiscado, comprado y copado medios de comunicación nacionales, montado mas de una red transnacional, implementado cadenas semanales y emisiones obligatorias. Han llegado a implementar “comandos de acción digital”, oficinas especializadas propias y “servicios independientes” para sembrar el Internet de infamias, fotografías trucadas, datos falsificados, relatos o documentos con falsas fuentes. Tienen planteles estables de twiteros y participantes permanentes en las redes sociales para dirigir y afectar las noticias como parte de sus servicios de operación política.

Se trata de influir en la opinión pública nacional e internacional para convertir a la víctima en criminal. Ya no fusilan o asesinan físicamente como en las primeras décadas de la dictadura castrista. Se proponen matar el honor y la reputación del individuo para inhabilitarlo en su país (del que generalmente tiene que escapar), para liquidarlo en sus relaciones, impedir su acción profesional, comercial o empresarial, someterlo a la sospecha permanente, para condenarlo sin siquiera juzgarlo.

Es la acción perfecta e impune de violación del derecho fundamental de “presunción de inocencia”, ya que logran que se presuma la culpabilidad. Si todo esto se acompaña de un expediente judicial organizado por sus fiscales y jueces, el asunto es perfecto porque tiene “prueba” y pueden seguir persiguiendo a la víctima poniéndolo bajo búsqueda internacional por Interpol y pedir extradición. Hay demasiados casos de víctimas de estas acciones por parte de los gobiernos de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia…

Periodistas acusados de calumnias y delitos contra el estado por cumplir su trabajo y ejercer la libertad de prensa; empresarios acusados de delitos económicos para robarles sus medios de comunicación y empresas; autoridades democráticas acusadas de muertes en hechos promovidos por los mismos acusadores para derrocarlos; políticos acusados de corrupción por investigar la corrupción del gobierno; dirigentes cívicos acusados de terrorismo por defender los derechos civiles frente al terrorismo de estado; abogados acusados de crímenes por ejercer el derecho de defensa; dirigentes acusados de conspiración por realizar reclamos….. Es también un eficiente medio de amedrentamiento pues nadie quiere estar en la situación de las personas a las que el socialismo del siglo XXI ha elegido para asesinarles su reputación.

*Abogado y politólogo. Es director del Interamerican Institute for Democracy