Resolución en EEUU no afectaría pedido de extradición de Goni

LOS TIEMPOS | 08/09/2011

Antecedentes de la acción civil

La demanda presentada en Estados Unidos en 2008 por los familiares de las víctimas de octubre negro, se trata de la acción civil en contra de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín. La demanda civil fue admitida y los denunciados presentaron una oposición de acuerdo a lo que establece el procedimiento del país del norte, la misma fue ganada por las víctimas.
Con posterioridad, el caso fue llevado a un Tribunal de Apelación y ahí es donde tres jueces desestimaron la demanda.
La acusación era amplia y diversa, similar a la planteada en el juicio de responsabilidades tramitado en la Corte Suprema de Justicia en Sucre. Se acusó a Sánchez de Lozada de asesinatos extrajudiciales, crímenes contra la humanidad, violación de los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la libertad de asociación y de reunión, muertes por error, daños materiales y morales infligidos intencionalmente a las personas, daños por negligencia y negligencia en sus decisiones. Los abogados, en base a estas acusaciones, demandaron resarcimiento de daños, el pago de los costos judiciales y otras cargas que consideren pertinentes.

SENTENCIA

Ex ministros recuperan su libertad

Sucre | Correo del Sur

Los exministros Adalberto Kuajara y Erick Reyes Villa (de Trabajo y Desarrollo Sostenible, respectivamente) sentenciados a tres años de cárcel dentro del caso Octubre Negro, recuperaron ayer su libertad condicional luego de que el Tribunal de Juicio aceptara su solicitud en cumplimiento de la norma que establece que las personas condenadas a penas no mayores a tres años pueden acogerse a ese beneficio.
Kuajara y Reyes Villa fueron sentenciados el pasado 30 de agosto a tres años de cárcel acusados por genocidio en su modalidad de masacre sangrienta en grado de complicidad. Junto a ellos, también fueron sentenciados cinco ex jefes militares a penas de cárcel de 10 a 15 años.
Con este beneficio los dos exministros renunciaron a sus prerrogativas legales de reclamar esta sentencia en su contra en la vía constitucional o en la vía internacional; para ellos termina el proceso y una vez cumplan su condena en libertad se extinguirá la pena.
Sin embargo, ellos deberán cumplir ciertas condiciones durante dos años, como la prohibición de cambiar de domicilio sin autorización del Tribunal, la presentación cada mes ante el juez de ejecución penal en el lugar donde viven, Santa Cruz y La Paz, además de la abstención de realizar actividades políticas. El Tribunal advirtió a los acusados que si “infringen la determinación, ésta será revocada” y deberán cumplir la condena en la cárcel.
La defensa de los dos sentenciados recurrió al Código de Procedimiento Penal, para solicitar su libertad.